
Crimen en los bosques, la preocupante herencia que recibe Sheinbaum
De 100 a 120% de la madera que se extrae legalmente de los bosques mexicanos es madera de origen ilegal, señalan dos ex directores de la Conafor. Destacan la presencia del crimen organizado y la tibieza del Estado mexicano como los factores esenciales de este fracaso económico y social
Agustín del Castillo
En enero de 2021, un visitante de Tecolotlán les advirtió a los propietarios de un rancho en Cuautla, al oeste de Jalisco, que si no negociaban su rancho por las buenas, “se los dan, se los venden o les quitan todo”. A partir de entonces, las llamadas no cesaron en sus teléfonos. Un presunto abogado emitía amenazas y luego, solo se justificaba como “recadero”.
Allí empezó el via crucis de estos pequeños propietarios. El Estado mexicano, pese a múltiples denuncias y trámites, se ha mantenido al margen de una acción de despojo que fue concretada pocas semanas después de la primera amenaza. Es por eso que existe la petición SEM-23-006, denominada Tala ilegal en Jalisco, en la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) de América del Norte, que determinó en octubre de 2023 abrir un “expediente de hechos” ante la inaplicación de la ley ambiental, penal y civil de México a favor de las víctimas.
De acuerdo a la descripción de hechos que contiene el expediente, el 27 de enero de 2021, los agraviados acudieron al agente del Ministerio Público del fueron común de Ayutla, un municipio colindante, “con la finalidad de formular denuncia por amenazas de personas que pretenden por la fuerza les vendamos fracciones o la totalidad de nuestro predio […] a fin de talar todo el arbolado, cambiar el uso de suelo forestal y dedicarlo a cultivo de aguacate”. La denuncia quedó registrada, pero nada se resolvió: el 26 de febrero, otra persona de Ayutla los buscó y les advirtió que si no vendían, tomarían posesión de sus tierras.
El 9 de abril, “nos presentamos ante la misma agencia del MP, a fin de formular nueva denuncia, ahora por despojo, toda vez que el día anterior fuimos a nuestro predio y no pudimos ingresar ya que habían colocado alambrado nuevo de púas de cuatro hebras y postes de madera en la colindancia […] alterando la superficie original de nuestro terreno, restándole aproximadamente 59 hectáreas…”.

El 27 de julio de 2021, se amplió la denuncia penal: “…había gente armada realizando diversas acciones sin nuestra autorización […] al llegar al predio corroboramos que gente desconocida había quitado el alambrado antiguo y puesto uno nuevo que instalaron modificando los linderos originales y reduciendo la superficie la superficie original del predio, cortando y talando árboles, quemando vegetación y extrayendo madera con maquinaria y camiones…”.
El 3 de agosto comienzan los tortuosos trámites en el sector ambiental: una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
“El sábado 28 de agosto llegó a nuestra casa una persona […] quien nos manifestó su interés en comprar los terrenos que comprenden el predio; en la plática le aclaramos que 59 hectáreas del predio ya habían sido invadidas por personas extrañas”, la sorpresa es que el “comprador” aseguró que esos terrenos eran de él se los había comprado justamente a los agraviados.
El 7 de septiembre entregaron evidencias a la Profepa y la delegación de la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales). El 22 de septiembre le entregan evidencias de delitos ambientales para producir aguacate que podía llegar al mercado de Estados Unidos, a la representación diplomática de ese país. También entregaron expedientes en las oficinas de atención ciudadana de la presidencia de México. Ese día, la Profepa empezó a requerir detalles “absurdos” para alargar el tiempo de visita al predio que era saqueado.
“El 16 de noviembre del 2021, se presentó en la Delegación de la Profepa, dentro del plazo que establece la ley, un escrito mediante el cual realizamos diversas observaciones en relación con la irregular visita de inspección practicada por esa dependencia al predio de nuestra propiedad, en la que no impuso la obligada clausura o suspensión de las actividades ilegales que se estaban realizando como tampoco inmovilizó la maquinaria y/o transportes que se encontraban en el lugar, solicitando se corrigiera el procedimiento y le diera la participación que correspondiera al Ministerio Público por los delitos ambientales que se pudieran configurar, sin que a la fecha hayamos obtenido respuesta favorable y concreta al respecto…”.
15 de diciembre de 2021; 13 de enero, 23 de febrero, 28 de febrero, 1 de marzo, 2 de marzo, 7 de marzo, 9 de marzo, 22 de marzo, 28 de marzo, 5 de abril, 11 de abril, 13 de mayo, 26 de julio, 6 de septiembre, 17 de octubre, 31 de octubre, todos de 2022; 28 de enero, 13 de febero, 20 de febrero, 27 de marzo, de 2023. Son fechas de trámites, correos electrónicos, llamadas telefónicas, oficios que van y vienen… pero nadie alteró la pacífica violencia de los invasores del bosque.
“…las actividades ilícitas hechas oportunamente de conocimiento de las diversas autoridades nacionales mexicanas correspondientes, no han impedido la continuación de tales hechos, introduciendo así en el mercado nacional y posiblemente extranjero, tanto madera como eventualmente y de madera mediata, aguacates ilegales y procedentes del estado de Jalisco, promoviendo de tal manera ya el surgimiento o acrecentamiento del lavado de dinero y el financiamiento de bandas criminales, la violencia en el país y en el extranjero”, por lo que se acudió a la instancia multinacional, pues estos hechos entrañan violaciones al tratado comercial.
Los rancheros de Cuautla, en el poniente de Jalisco, esperan, así, que la justicia que se les ha negado por cuatro años en México, les llegue de fuera. No es un caso aislado: el campo mexicano, los bosques y las selvas, están ahora bajo la bota de los poderes fácticos, poco combatidos durante los seis años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

UNA HERENCIA INCÓMODA
León Jorge Castaños Martínez, ex director de la Comisión Nacional Forestal, ha generado un documento denominado “La tala ilegal, el crimen organizado y las malas prácticas en el manejo forestal, la industria y comercio en México impactan la agenda socioambiental y hunden al Sector Forestal”. Está fechado en mayo de 2024 y es un buen diagnóstico del problema que hereda la presidenta Claudia Sheinbaum. Brunoticias tuvo acceso al documento.
Evidentemente, con el gobierno lopezobradorista solo se exacerban tendencias ya viejas. “De 1970 a 2010, se hablaba del avance y penetración de narcotraficantes en varias sierras o zonas forestales y la creciente inseguridad; contrataban a los pobladores en las tareas de recolección o en ocasiones tenían infiltradas a las autoridades ejidales o contrataban bosques para frenar el acceso y libre tránsito, para controlar el territorio y sembrar más cómodamente marihuana o amapola o limitaban la aplicación de tratamientos silvícolas intensivos que abren espacios mayores”.
En la actualidad, “la fabricación de drogas sintéticas como el fentanilo, desplazan a la marihuana y amapola y los delincuentes están abandonando las sierras”; sin embargo, “la injerencia de la delincuencia organizada en áreas costeras y zonas rurales está totalmente desbordada, se han apoderado de varias actividades relacionadas con las drogas, el fentanilo, secuestro, tráfico de personas, extorsión, cobro de piso, reclutamiento forzada y con engaño de jóvenes; y otros giros comerciales y productivos; por ejemplo pesca, aguacate, limón, pollo, transporte y el tema muy poco mencionado por la prensa de la tala ilegal de la madera”.
¿Cómo operan? “Actúan en diferentes modalidades, combinaciones de tala ilegal, malas prácticas de manejo forestal y cadenas de valor, cuotas de extorsión, control político, sin duda la más compleja de combatir y cada vez se pone peor. Hay amenazas y exigencias a las autoridades ejidales y comunales e impiden que surjan corrientes opuestas a sus intereses y presionan a los técnicos para que marquen y justifiquen mayores volúmenes o calidades, buscan el control de la documentación forestal y piden el visto bueno para cualquier contrato”.
Destacan los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), como los más fuertes y consolidados, pero menciona también a Los Viagra, Nueva Familia Michoacana. “De acuerdo con Eduardo Guerrero, director de Lantia Intelligence el Cártel de Sinaloa tiene presencia en 104 municipios del país y CJNG en 354.
¿Cómo se distribuiyen estas influencias y sus impactos? Va un diagnósico general de la presencia criminal que ha condicionado fuertemente al desarrollo forestal. “En Durango, caso de la autodenominada Nueva Empresa o Nuevo Proyecto, que actúa de 2020 a 2024, estableciéndose como comprador único o imponiendo condiciones en forma unilateral, sobre todo una cuota fija de extorsión entre 200 a 300 pesos por metro cúbico rollo”, refiere. En Chihuahua, “el cártel de Sinaloa actúa sobre todo en San Juanito Bocoyna y en Guadalupe y Calvo. Sacan trocería de madera día y noche”. En Jalisco, el cártel Jalisco Nueva Generación “actúa sobre todo en Talpa y de ahí transportan la trocería de pino con documentación legal a aserraderos en varios lugares, donde la transforman en tablas que se comercializan en la Ciudad de México y otras ciudades. El cobro de cuotas y la imposición de compradores se está generalizando; no solo actúan con los productores forestales sino también con los dueños de aserraderos a quienes obligan a recibir trocería sin documentación y que se las paguen”. Esa es justamente la región donde se ubica Cuautla, y el único expediente sobre el tema que permanece vivo en la CCA de América del Norte.
En Michoacán, actúa toda una variedad de grupas criminales que se disputan el territorio o se alían para obtener rentas sobre la riqueza. “Los Viagra, Nueva Familia Michoacana, Cartel Jalisco Nueva Generación, Cartel de los Correa, grupos comunitarios independientes y empacadoras de aguacate […] aportan maderas al mercado nacional y a China.

En Guerrero, “sobresalen la Familia Michoacana, los Granados, los Maldonado en la Costa Grande y Tierra Caliente, y los Tlacos, los Rojos y los Ardillos en la Zona Centro”. En Morelos, “La Fiscalía de Morelos ha detectado que en la zona de Huitzilac operan células criminales como Los Netos, Los Panales, La Familia Vara Dávila y Los Chuchas […] responsables del recrudecimiento de la violencia, están dedicadas a cometer delitos como la tala clandestina, despojo de tierras, secuestro exprés, asalto a mano armada, extorsiones a comerciantes y violación”. En la Ciudad de México, opera el Cartel de Tláhuac y Don Agus en las alcaldías de Milpa Alta y Tlalpan.
Castaños cita a Eduardo Guerrero, experto en seguridad y director de Lantia Consultores: “Estamos en un estado de rompimiento, de ingobernabilidad muy grave en varias zonas del País, donde ya no es un tema estrictamente de seguridad, sino de gobernanza democrática donde (el crimen) se está apoderando también de los órganos electorales a nivel estatal, están imponiendo candidatos y asesinando y amedrentando a otros aspirantes, sobre todo a nivel municipal, donde quieren tener control territorial, donde hay extorsión o cobro de piso. Además, están creando vínculos muy sólidos con
liderazgos comunitarios, con liderazgos sociales en varias partes del país”. Entonces se dan las preguntas inevitables, ¿cómo vamos a resolver esto? ¿cómo vamos a erosionar estas bases que se han creado de mafias regionales de bandas convertidas en enemigos del Estado?
MALAS PRÁCTICAS
Jorge Castaños no ignora que este contexto político de alta violencia o de sometimiento a poderes fácticos, no ayuda a mejorar el manejo forestal. Lo que explica como “momentos delictivos en el aprovechamiento del bosque”, le permite enumerar una serie de vicios:

“Pérdida de productividad y calidad: no hay aplicación adecuada de tratamientos silvícolas, ni inversión en los bosques jóvenes (chapeos, podas, preaclareos, aclareos). Se extrae el arbolado más grueso y de mejor calidad quedando muchas áreas sobreexplotadas y ‘descremadas’ por mayores intensidades de corta a las autorizadas. Se pierden recursos genéticos para mejorar la productividad a
través de la semillación-regeneración natural con mejor material genético. Se concentra el trabajo de aprovechamiento y protección básicamente en el área de corta anual con poca o nula atención y cultivo en el resto del territorio bajo el programa de manejo forestal. Falta visión a largo plazo para el desarrollo sustentable”.
Así, “se están convirtiendo los bosques mezclados de pino-encino a encino-pino. Se reduce el valor del recurso natural a largo plazo: hay una pérdida productiva al no practicarse un manejo para el encino.
En los trabajos de sanidad de arbolado afectado, hay abusos y sobrecortas ilegales. En las selvas, se sobreexplotan las maderas preciosas y de exportación, se pierde productividad y material genético.
Hay bosques con mucho espacio productivo desperdiciado por falta de árboles, justificado si la prioridad fuera la filtración de agua o que pueden requerir enriquecimiento con árboles plantados”.
Además, los dueños de “monte” (bosque con árboles aprovechables) “pocos aplican en la silvicultura las utilidades; se olvida que los rendimientos se pueden incrementar a largo plazo”. También, “el desarrollo de la investigación y experimentación todavía es muy limitado, no hay monitoreo; aunque ahora se habla de silvicultura adaptativa, silvicultura de precisión, silvicultura 4.0, e inteligencia artificial”.

En el manejo forestal, “generalmente no se practica el derribo direccional y hay un mal uso de los equipos de arrime, especialmente las grúas, en ambos casos hay impactos en el arbolado en pie y en el suelo. Se fomenta la sobre densidad de caminos bajo tratamientos de selección individual al extraerse volúmenes reducidos por hectárea”.
En los ejidos, comunidades y propiedades particulares “no hay la cultura de integrar bancos de datos históricos del manejo de sus bosques. Se han perdido los archivos y con ello información histórica local y regional valiosa”.
Tampoco existe manejo forestal en la extracción libre de leña combustible y otros usos rurales, y hay poco interés en la evaluación y monitoreo de la biodiversidad, incluyendo la fauna silvestre y la flora. ´Para terminar el cuadro: “los estudios de manejo forestal llegan a estar ‘truqueados’ o copiados de otro
predio o lugar. Algunos agotan la cosecha autorizada extrayendo sólo el total de los volúmenes clasificados como primarios”. Y como ejemplo: en el estado de Hidalgo, se siguen elaborando algunos Programas de Manejo Forestal solo por área de corta, que era un enfoque común en las décadas de 1970-1980.
¿CUÁLES SON LAS DIMENSIONES DE LA TALA ILEGAL?
Otro exdirector de la Conafor, Juan Manuel Torres Rojo, elaboró un rtículo en 2022 denominado “La tala ilegal y la trampa de la productividad de la producción maderera en México”.
“Este artículo utiliza dos enfoques para estimar los volúmenes ilegales y proporciona argumentos para demostrar que la producción de madera en México se define en gran medida por la presencia de volúmenes significativos de tala ilegal, que abastecen al mercado con el siguiente estimado: el volumen de cosecha de madera ilegal es del 95 – 120% de la cosecha legal; ésta oscila entre 7 a 9 millones de m3 rollo por año”.
De esta manera, “los volúmenes ilegales estimados están estrechamente relacionados con la tasa de crecimiento de los sectores de la construcción y la manufactura, lo que sugiere que estos sectores disparan la demanda de volúmenes ilegales, mientras que una menor oferta de volúmenes ilegales se destina a la elaboración de muebles rústicos y artesanías en madera”.
Aunque estimar datos de volumen de tala ilegal es complicado. “La tala ilegal refuerza un fenómeno de trampa de productividad en el sector forestal a través de varios mecanismos a lo largo de la cadena de valor, desde la producción primaria de madera hasta la venta al por menor de madera aserrada”.
¿Qué incentiva la tala ilega? El autor señala: “El balance o desbalance entre la oferta del aprovechamiento de madera legal sustentable del bosque natural y la demanda de productos maderables de los mercados”.

Los déficit se cubren de diferentes maneras: “1) fibras recicladas para la industria mexicana de papel y cartón. 2) madera aserrada y tableros importados legalmente del extranjero. 3) maderas comerciales legales de otras regiones o de plantaciones nacionales. 4) trocería y madera aserrada ilegal importada de otras regiones u otros países y 5) con trocería de tala ilegal o malas prácticas de manejo forestal local o estatal”.
El diferencial de precios entre la trocería y madera legal con la ilegal, es importante y favorece al comercio ilegal.“Aunque los precios de la madera aserrada nacional, incluyendo al pino, son más altos
que los internacionales, es más apreciada que la importada en la construcción y fabricación industrial. Esta característica de la producción nacional confiere un grado de poder de mercado a la madera aserrada doméstica”.
La falta de competitividad de la industria forestal se compensa comprando madera ilegal, evadiendo al fisco, dejando de pagar salarios adecuados e impuestos.
EFECTOS DEL REPLIEGUE DEL ESTADO
El efecto ha sido más que previsible: “El repliegue y no confrontación del Estado y la ocupación de su lugar por la de grupos delincuenciales grandes, medianos y pequeños, que buscan dinero fácil, mayores utilidades y control territorial”.
En cuanto a regulación y delitos, “la distancia entre la exigencia y el cumplimiento de las disposiciones legales y la complacencia o el dejar hacer institucional. Mientras las instituciones responsables están más ausentes del campo, se presentan condiciones para violar la regulación […] impunidad, corrupción, las denuncias que no prosperan”, lo que deriva en que los que cometen delitos no son castigados.
Pero además, “la actividad primaria más regulada es la forestal, por sus requisitos y con tiempos variables pero largos de respuesta oficial a trámites y costos de transacción que desalientan y desesperan a muchos usuarios. Es más fácil instalar talleres, madererías, carpinterías que cubrir requisitos para el aprovechamiento forestal legal”.

Aunado viene la escasa organización social. “Hay una marcada debilidad del nivel de organización de los productores o silvicultores a nivel zonal, estatal, regional, nacional, y pulverización y fragmentación de las unidades de manejo forestal de territorios grandes a escala predial o de núcleo agrario. Problema muy grave, y por ese abandono se han perdido oportunidades de trabajo y esfuerzos
comunes entre vecinos y cuerpos técnicos para fines de protección en incendios, vigilancia, reforestación, caminos”.
Las comunidades no organizadas padecen además malas administraciones y divisiones internas, lo que mantiene los niveles de pobreza. La tenencia de la tierra es endeble: hay falta de escrituras, por lo que los posesionarios no pueden cubrir los requisitos para contar con un programa de manejo forestal, y en consecuencia, a mal vender sus árboles, en el mejor de los casos.
¿Cuáles son los impactos ambientales, económicos y sociales? “En general, degradación y declinación del recurso forestal por sobreexplotación, al descremar el bosque en áreas accesibles; la siguiente cosecha será de menor cuantía y calidad y con mayores costos para los dueños del bosque […] también habrá más residuos que aumentan el riesgo de incendios”.
“La presencia de bandas criminales en el mercado de la madera ha cambiado sustancialmente la escala y el poder de la tala ilegal -sigue Torres Rojo-. Esta intervención altera el mercado legal de productos de madera, provocando mayor sustitución de volúmenes legales por los ilegales, reduciendo las ganancias de los establecimientos formales y provocando muchas otras distorsiones en el mercado y en la sociedad.”

En las áreas de actuación de la delincuencia organizada hay desplazamiento de pobladores indígenas y mestizos por el recrudecimiento de los atropellos, imposiciones y violencia; “desinterés por formar parte de los órganos de representación ejidal o comunal, disminución del asambleísmo por miedo a la presión y coacción en la toma de decisiones; los adolescentes y jóvenes ocupados o enganchados como sicarios y halcones que los deja sin alternativas de educación. En ocasiones, desarticulación del sistema de salud, de educación y de servicios necesarios para la vida de las poblaciones, autoridades y servicios públicos”.
En general, el entorno de inseguridad y amenazas provoca “desaliento a mejoras y a la inversión; malos ejemplos de conducta, consumo de estupefacientes, avance de la doble moral”, sin faltar los conflictos al interior de las comunidades, entre quienes promueven la tala ilegal y quienes la rechazan.
UN EXPEDIENTE QUE DEBE AVANZAR
Los denunciantes de Cuautla, Jalisco, amenazados de despojo por criminales e invisibilizados por el Estado mexicano, tienen la oportunidad de presionar con la elaboración del expediente de hechos sobre los crímenes de que han sido víctimas.
“…el Secretariado considera que existen cuestiones centrales abiertas en relación con el asunto planteado en la petición SEM-23-006 (Tala ilegal en Jalisco) y que se amerita la preparación de un expediente de hechos sobre supuestas omisiones en la aplicación efectiva de la ley respecto de la realización de actos de inspección y vigilancia y la instrumentación del mecanismo de denuncia popular en relación con la tala ilegal, deforestación y cambio de uso de suelo forestal en el predio Los Amoles, Cuautla, Jalisco, México”, señala el dictamen de octubre de 2023. Pero ha pasado más de un año, y no llegan los resultados.
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