• Observatorios advierten que las reformas refuerzan el control federal, mantienen ambigüedades y afectan la gestión del agua y la producción de alimentos.

Los mejores logros en la nueva legislación son ambiguos y quedan a la buena voluntad de los funcionarios en turno. La centralización, como en otros aspectos de la vida pública en México, avanza contra los intereses de la sociedad, afirma el coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez.

Agustín del Castillo

Apenas algo se logró tras semanas de críticas y propuestas contra la muy centralizadora y abiertamente opuesta a la participación de la sociedad nueva Ley General de Aguas, situación que también se repite en las reformas a la Ley de Aguas Nacionales. En ambos casos, la estatización que afecta a numerosos sectores de la vida pública en México con la llamada Cuarta Transformación se consolida como una realidad que contradice 30 años de modestos avances a favor de la ciudadanización del sector hídrico.

Así lo reconoce el coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco y presidente de Conredes (Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable) de Los Altos de Jalisco, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, representante alteño que ha participado en los debates regionales y nacionales durante los últimos 15 años y que se distingue por mantener una postura crítica frente a los poderes establecidos, ya sean federales, estatales, municipales o del sector privado.

El ingeniero de profesión defiende el derecho humano a la alimentación como un derecho al mismo nivel que el derecho humano al agua, lo que implica proteger la agricultura y la ganadería. “La gente no sobrevive si solo toma agua; necesita alimentos en cantidad y calidad adecuadas para una vida digna”, subrayó.

En entrevista con COMUNICAMPO y BRUNOTICIAS, Márquez Gutiérrez expresó su desazón por los alcances logrados tras la ofensiva del gobierno federal para asumir de forma monopólica, en la mayor medida posible, un sector que involucra a la totalidad de los más de 130 millones de habitantes del país.

“Por ejemplo, en algunos artículos iniciales de la Ley General de Aguas se afirma que con esta ley se garantiza el acceso al agua para todas las personas, pero por otro lado las restricciones para el acceso a concesiones a la gente del campo son mucho más severas que las establecidas en la ley anterior. Esto dificulta que la población rural pueda acceder al agua, incluso mediante obras de infraestructura que ellos mismos financien, como la perforación de pozos. Ya no se diga a través de un servicio público”, explicó.

En ese sentido, agregó que “suena bien en las intenciones, pero no están dadas las condiciones en la práctica para que cada productor rural tenga una concesión. En teoría se busca garantizar el derecho humano al agua, pero no se abre la posibilidad para la producción de alimentos”.

La nueva ley “también habla de mejoras en los organismos operadores municipales y de mejores técnicas, pero no establece con claridad cómo se lograrán; son solo declaraciones genéricas”. De manera paralela, “se menciona que los volúmenes recuperados mediante obras de tecnificación en las cuencas se otorgarán de manera prioritaria para el consumo humano y la producción de alimentos, pero otros artículos impiden que esto ocurra en la práctica. Son situaciones que quedan genéricas y ambiguas”, sostuvo.

De esta forma, “se mantuvo en gran medida el espíritu centralista de la propuesta inicial”, aunque reconoció que “algunos cambios logrados tras la presión de los productores, las tomas de carreteras y las mesas de diálogo de última hora en la Cámara de Diputados y el Senado permitieron que los organismos de cuenca conserven cierta capacidad para emitir resoluciones, en especial sobre concesiones, sin que sea obligatorio acudir a oficinas centrales en la Ciudad de México”.

No obstante, advirtió que “la reasignación de concesiones agrícolas deberá ser autorizada por un comité central, el cual puede negarlas, por lo que en los hechos no se avanzó como se pretendía. Son logros pequeños que quedan sujetos a la discrecionalidad”.

Márquez Gutiérrez subrayó que “hubo muchísimas propuestas muy valiosas desde los foros realizados a inicios del año, como el Parlamento Abierto de la Comisión de Recursos Hidráulicos, pero alrededor de 98% de ellas fueron desechadas. Prevaleció el espíritu original de la iniciativa, con apenas algunos matices y muchas imprecisiones o indefiniciones”.

---

CENTRALISMO INVENCIBLE

A continuación se presentan algunos de los aspectos del análisis de las nuevas legislaciones en materia de agua realizado por la coordinación del observatorio, del cual este medio posee copia:

“Se pretende justificar esta legislación argumentando que con ella el Estado recupera la rectoría de la administración del agua, cuando en realidad nunca la ha perdido. El agua es un bien común de la nación, y la nación se compone de territorio, población y gobierno; por lo tanto, los ciudadanos somos sus propietarios, y el titular del Poder Ejecutivo —a través de las leyes y normas que emite el Poder Legislativo— es el responsable de su adecuada gestión, con la participación del Poder Judicial, que debe garantizar el respeto a los derechos humanos y la supervivencia de la naturaleza, como lo consagra nuestra Constitución Política”.

En consecuencia, la Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales decretadas son, en su mayoría, regresivas y autoritarias. Por ejemplo, el artículo 13 Bis establece que “la persona titular de la presidencia del Consejo de Cuenca será designada”, cuando antes de la reforma era elegida por los integrantes del propio consejo.

También se cancela la transmisión de derechos de agua y los cambios de uso, bajo el argumento del acaparamiento, término que no cuenta con una definición precisa. “Esto sería equivalente a quitarle el oxígeno a un enfermo de enfisema o cáncer pulmonar solo porque se detectó acaparamiento de oxígeno en el sector salud, en lugar de combatir directamente dicho acaparamiento”, señala el análisis.

La Ley General de Aguas “considera al agua como un recurso”, enfoque bajo el cual el Estado actúa como administrador central que distribuye el recurso mediante permisos y cobros para satisfacer demandas de distintos sectores —agrícola, industrial, urbano, entre otros—, lo que se conoce como gestión de oferta, y deja latente la posibilidad de su manejo por el mercado, incluidas privatizaciones.

No considera al agua como un bien común, una visión que enfatiza la ética, la ecología y la democracia, que prioriza la vida y la sustentabilidad por encima de los intereses económicos, y que fue acordada en la Segunda Conferencia Mundial del Agua 2023 de la ONU, celebrada en Nueva York.

En ningún artículo se aborda el nexo agua-energía-alimentos para el desarrollo sostenible, indispensable para cumplir el derecho humano a la alimentación. “Sin agua no se pueden producir alimentos”. Tampoco se vincula el derecho humano al agua y al saneamiento con el derecho humano a la alimentación y al desarrollo sostenible, como sí ocurre con otros derechos. De este modo, la legislación ignora los acuerdos de la Segunda Conferencia Mundial del Agua 2023, pese a que México los firmó.

Los legisladores omitieron las propuestas y observaciones surgidas de los foros celebrados en el país a principios de 2025, de los ejercicios de parlamento abierto, de las comisiones de Ganadería y de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, así como las demandas expresadas por los productores agrícolas y pecuarios durante las protestas de octubre y noviembre.

La Comisión Nacional del Agua, designada como “autoridad del agua”, “no se compromete a contar con mediciones precisas de la disponibilidad del recurso”, lo que abre espacio a la arbitrariedad de los funcionarios, basada en datos no verificables y generalmente desactualizados, que no reflejan la realidad de las cuencas.

Se trata de leyes “más punitivas que facilitadoras de una mejor gestión del agua”, que reactivan la posibilidad de grandes trasvases sin que los ciudadanos de las cuencas afectadas puedan defenderse mediante amparos, debido a las restricciones previamente establecidas, lo que representa un retroceso que revive la figura del “interés jurídico”, limitando la defensa social frente a impactos ambientales.

---

CONCESIONES DE AGUA SIN GARANTÍAS

No existe valor productivo en la tierra sin agua. Las reformas eliminan la posibilidad de transmitir títulos de concesión entre particulares —por ejemplo, en la compraventa de terrenos agrícolas— y la sustituyen por un esquema de reasignación, lo que “traslada el beneficio económico de los particulares hacia las gestorías de funcionarios y abre la puerta a la corrupción”.

En este nuevo esquema, los volúmenes de agua recuperados no regresan a la contabilidad del acuífero correspondiente, sino que se concentran en un Fondo de Reserva que analiza y determina su destino, reforzando el poder discrecional de la Conagua.

El artículo 37 Bis 2 establece que “la reasignación de los volúmenes deberá someterse al análisis y autorización del Comité del Fondo de Reserva de Aguas Nacionales”, quedando supeditados a dicha autorización los supuestos de venta de terrenos, fusión y escisión de empresas y herencia de tierras, con la posibilidad de que dicha autorización sea negada.

Además, algunas sanciones por incumplimiento dejan de ser administrativas y pasan a ser delitos penales, con la posibilidad de aplicar la Ley de Extinción de Dominio.

En este nuevo escenario de concentración de poder, tampoco se permitirá la captación de agua de lluvia sin autorización de la Conagua, ni siquiera para uso público urbano. En la legislación anterior, este organismo no tenía control sobre el agua pluvial. Asimismo, se tipifica como delito la transportación de agua sin autorización federal.

El análisis concluye que, al priorizar únicamente el derecho humano al agua y al saneamiento sin vincularlo con el derecho humano a la alimentación, se favorecen otros usos —industrial, comercial y de servicios— por encima de los usos agrícola y pecuario, que son fundamentales para la producción de alimentos.

---

Sin inversión en monitoreo, el espíritu de la ley se truncará, advierte Gleason

Arturo Gleason Espíndola, especialista en temas de agua e investigador de la Universidad de Guadalajara, consideró positivo contar con una nueva Ley General de Aguas y con reformas a la Ley de Aguas Nacionales por su énfasis declarativo en la sostenibilidad y la intención de evitar abusos en el acaparamiento de un bien público. Sin embargo, coincidió en señalar las imprecisiones, ambigüedades y el aumento en la penalización del uso, todo ello sujeto a la actuación de la Conagua.

“Uno de los principales riesgos es que el incremento de sanciones y montos abra espacios a la corrupción si no se acompaña de una modernización integral del sistema hídrico. El país carece de un sistema de información robusto: no hay datos confiables sobre extracción, monitoreo de cuencas o estado real de los acuíferos, además de la existencia de numerosos pozos clandestinos no registrados”, advirtió.

Añadió que los registros oficiales son incompletos y discontinuos, con información fragmentada desde 2007 y sin datos precisos sobre recarga acuífera, que se mantiene artificialmente estable cuando debería ser variable. Por ello, subrayó la necesidad de invertir en sistemas de monitoreo, ya que incluir obligaciones en la ley sin capacidad de verificación carece de sentido.

Indicó que existen más de 600 acuíferos que requieren inversiones significativas, situación que no se refleja en el presupuesto de la Conagua para 2026. A su juicio, será indispensable vigilar la actuación de la autoridad para evitar abusos.

MÁS EN BRUNOTICIAS SOBRE LAS NUEVAS LEYES DE AGUA…

Esta y más información puede leerla, verla o escúchela en BRUNOTICIAS. Síganos en Facebook @Brunoticias. Nuestra cuenta de X, antes, Twitter @brunoticiass. En Instagram @brunoticiass, pero también lo invitamos a suscribirse al canal de YouTube Brunoticias.