Salvador Y Maldonado
Guadalajara, Jalisco. 30 de abril de 2025.- El conflicto jurídico de los actores involucrados en la empresa Lechera Guadalajara, productora de la marca Sello Rojo, sigue su marcha y acumula ya varios años, sin solucionarse. Mientras tanto la corporación se debilita y pierde posicionamiento en el mercado, según lo expone uno de los involucrados en el litigio Luis Rabinal González Rodríguez, albacea de la sucesión de su padre, José Luis González Sánchez.
Esta empresa ha sido emblemática en la agroindustria jalisciense, sobre todo por la vinculación que llegó a tener con la ganadería lechera para la elaboración de las marcas Sello Rojo y Al Día.
González Rodríguez, en rueda de prensa, informó que el Juzgado Quinto de Distrito en materia civil, ha tenido entre sus novedades que recientes que “el pasado jueves 24 de abril, como parte del juicio de amparo 466/2024, el Juez Federal Quinto de Distrito, en cumplimiento de una sentencia dictada por el Tercer Colegiado en Materia Civil, determinó que los actos realizados por los hermanos Abraham Kunio, Rubén Masayi e Hilda Hiroko, todos de apellido González Uyeda, a partir de que tomaron el control de la empresa lechera Sello Rojo en junio de 2019 y hasta la fecha, queden insubsistentes, por lo cual ordenó que la administración regrese al Consejo de la Empresa que estaba en funciones antes de la toma hostil de la compañía de origen jalisciense ejercida por los mencionados hermanos”.
Por lo anterior, se deriva que “los actos que quedaron insubsistentes, es decir, sin validez legal alguna, son entre otros:
1.- Los nombramientos de Rubén Masayi como administrador único y de Abraham Kunio como director general de la empresa.
2.- La Asamblea en la cual expulsaron como accionistas a sus hermanos Roberto Eiji y Alfredo Shigueru González Uyeda.
3.- La asamblea en la que modificaron los estatutos para darse el control absoluto de la empresa, a pesar de ser minoría.
4.- Los aumentos de capital mediante los cuales lograron incrementar su propiedad sobre la empresa y decrementar la de los demás accionistas.
Como resultado de todo ello, igualmente quedaron sin efecto algunos de los actos realizados por el magistrado estatal, Roberto Rodríguez Preciado, el juez estatal Juan Pablo González Magaña y el notario público Juan Peña Acosta”.
En la sesión informativa, los accionistas afectados pertenecientes a las familias Familias González Rodríguez y González Uyeda, informaron “que todavía se tienen por delante dos determinaciones de carácter legal, la primera de la cual es que el juez estatal, Fabián Huitrado, ejecute sin dilación lo ordenado por el juez federal, ya que fue en su juzgado donde se autorizó la mencionada toma hostil”.
También, añadieron, “que es necesario que se resuelvan las impugnaciones formuladas por los abogados de Rubén Masayi y Abraham Kunio González Uyeda, quienes en diversas ocasiones han presumido tener conexiones en el Consejo de la Judicatura Federal y con el abogado y exsenador Diego Fernández de Cevallos. A pesar de dichas impugnaciones, los accionistas afectados consideran que esta determinación del Juez Federal es la base con la cual los despojados de su patrimonio podrán recuperar lo que legalmente les pertenece”.
Los afectados consideraron que, “como incluso es identificable por el público consumidor, en estos cinco años en que los hermanos Rubén Masayi y Abraham Kunio González Uyeda han administrado Sello Rojo, el deterioro de la empresa es enorme. Es evidente que el producto escasea o sale echado a perder, que su transporte está sucio y sin mantenimiento, y que incluso se han presentado despidos masivos de empleados y un conflicto con el sindicato en una pre-huelga de más de cinco años. De igual manera existen evidencias de un faltante de más de 800 millones de pesos de las cuentas bancarias de soporte, así como de trasferencias de recursos a Estados Unidos y Alemania, por lo que Sello Rojo, sino se hace algo urgente, se hunde sin contención alguna”.
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