• El Recorte al FAIS golpea a los municipios de todos los partidos pues habrá menos recursos para bacheo, alumbrado, drenaje, agua

La Piedad, Michoacán. 23 de enero de 2026.- El municipio de La Piedad forma parte del grupo de ayuntamientos del país que promovieron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el recorte del 10 por ciento a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), una medida que, de mantenerse, podría afectar obras y servicios básicos en las comunidades.

El presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), Mauricio Tabe, acudió a la Suprema Corte para presentar el recurso legal, al señalar que el recorte al FAIS representó una reducción de más de $13 mil millones de pesos para los municipios del país, recursos destinados a infraestructura social.

De acuerdo con el planteamiento municipalista, la disminución del FAIS impacta directamente la capacidad de los gobiernos locales para atender demandas inmediatas de la población, como bacheo, alumbrado público, agua potable, drenaje, vivienda y mejoramiento de infraestructura básica.

El FAIS es un fondo federal destinado a financiar obras de infraestructura social en zonas con rezago, por lo que su reducción representa una presión adicional para los municipios, que son el primer nivel de atención a las necesidades ciudadanas.

Durante la presentación de la controversia, Tabe afirmó que la acción legal no busca beneficiar a un partido político en particular, sino a todos los municipios del país, independientemente de su filiación partidista, al considerar que la restitución de los recursos tendría un impacto directo en las comunidades.

Además de La Piedad, la controversia constitucional fue promovida por municipios como Delicias, Chihuahua; Chapala y San Juan de los Lagos, Jalisco; Tangancícuaro, Michoacán; Irapuato y Coroneo, Guanajuato; Metepec, Estado de México; San Andrés Cholula y San José Chiapa, Puebla; San Nicolás de los Garza, Nuevo León, y Kanasín, Yucatán.

El caso será analizado por la Suprema Corte, que deberá determinar si la reducción del FAIS es constitucional o si procede la restitución de los recursos a los municipios, en un contexto en el que los gobiernos locales advierten limitaciones crecientes para atender la infraestructura social.

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