• Los siguientes años, se evitaron 15 mil ha de deforestación por un monto de casi $700 millones

• Avanza el proyecto de reforestación entre Fiprodefo y CRT en áreas naturales protegidas de Jalisco

Agustín del Castillo

Compensar la destrucción de una hectárea de un ecosistema tropical en México cuesta $44,383 pesos, según el “acuerdo mediante el cual se expiden los costos de referencia para la compensación ambiental por cambio de uso de suelo en terrenos forestales y la metodología para su estimación”, emitido por la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y publicado en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 8 de marzo de 2023. Bajo esa cifra, si se considera que entre 2016 y 2022, se perdieron en Jalisco 49 mil hectáreas de selva caducifolia y subcaducifolia para siembras de agave, el sector económico patrocinador de este monocultivo debería invertir $2,174 millones de pesos.

El lado positivo se obtiene al invertir la cifra con la “deforestación evitada” que se detonó a partir de 2023, y que en dos anualidades reúne alrededor de 15 mil hectáreas cuyo destino habría sido el mismo si no se hubiera detonado el protocolo Agave Responsable Ambiental (ARA), un mecanismo preventivo pactado entre el gobierno de Jalisco y el Consejo Regulador del Tequila (CRT). La inversión “ahorrada” por evitar esa deforestación ha sido de 665.7 millones de pesos.

¿Hay mecanismos para que legalmente se pueda obligar a invertir en la compensación? La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece en su artículo 98 que “los interesados en el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, deberán comprobar que realizaron el depósito ante el Fondo Forestal Mexicano, por concepto de compensación ambiental, para que se lleven a cabo acciones de restauración de los ecosistemas que se afecten, preferentemente dentro de la cuenca hidrográfica en donde se ubique la autorización del proyecto, en los términos y condiciones que establezca el Reglamento”. Esto, bajo la premisa de que se hubiera tratado de un cambio de uso de suelo legal, es decir, autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Pero en este caso, se trata en su totalidad de cambios ilegales. Esto dice el Código Penal federal, artículo 418: “Se impondrá pena de seis meses a nueve años de prisión y multa de cien a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, siempre que dichas actividades no se realicen en zonas urbanas, al que sin contar con la autorización previa de la autoridad competente: I. Desmonte o destruya la vegetación forestal […]”.

Esto eleva de forma considerable el costo que debería pagar un infractor de la ley. La “unidad de medida y actualización” o UMA está determinada por el INEGI en 108.57 pesos mexicanos, lo que hace que 100 días sean 10,857 pesos y 325,710 pesos por tres mil umas. La cuenta la debe determinar la autoridad en función del predio afectado y los daños. Es el gobierno federal el responsable de perseguir este delito, de acuerdo a la competencia, pero el estado y los municipios pueden presentar denuncias a la Fiscalía federal y aportar evidencias, pues son concurrentes, de acuerdo al Código Federal de Procedimientos Penales.

Según el espíritu de ARA, las deforestaciones posteriores a 2016 no son toleradas. Como el mecanismo no es obligatorio, parte de la premisa de que el CRT es la entidad que certifica el agave que se comercializa para la fabricación de tequila. Entonces, la “sanción” directa al depredador viene de que su producto pierde mercado, siempre que los mecanismos de control y vigilancia sean eficaces. Solo si se interponen denuncias y se sanciona por la FGR, o de manera administrativa por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), sería posible revertir la totalidad de los daños.

ARA es la respuesta a la falta de intervención federal en el tema, y a tres décadas de descontrol y abusos.

“La producción de tequila ha crecido de manera constante desde la creación del Consejo Regulador del Tequila, lo que generó un incremento importante en el abastecimiento de la materia prima agave, detonando una expansión exponencial de la superficie plantada. En los últimos 5 años la superficie plantada de agave en la Denominación de Origen del Tequila (181  municipios de los estados de Jalisco:125, Guanajuato:7, Nayarit:8, Michoacán:30 y Tamaulipas:11) ha crecido de manera importante, pasando de  130 630  hectáreas  en el año 2017 a 426 mil 425 hectáreas  en el año 2022, siendo Jalisco quien tiene la mayor superficie con aproximadamente 316 mil 10 hectáreas. Este crecimiento ha significado una importante pérdida de superficie forestal, especialmente de selvas bajas y encinares”, señala los investigadores Alejandra Aguilar Ramírez, Josué Díaz Vázquez, Carmen Gómez Lozano, Sergio Graf Montero (actual director de la Conafor) y Carlos Fernando López de la Cruz, en el artículo intitulado“ Protocolo ARA (Agave Responsable Ambiental) por un Tequila libre de deforestación”.

Agregan: “específicamente, en Jalisco, del año 2001 al 2018, a nivel estatal, se han perdido 287,905 hectáreas de ecosistemas forestales, el equivalente a casi 16 mil hectáreas al año5. Para el periodo 2016 al 2020 la pérdida fue de aproximadamente 70,614 hectáreas, lo que representa una pérdida anual de poco más de 17,000 hectáreas. Se calcula que cerca de 7 mil hectáreas anuales fueron deforestadas por la siembra de agave”.

RESPONSABILIDAD SOCIAL, NO COMPENSACIÓN

A la par de detonar ARA, el CRT ha sacado adelante otro acuerdo con el gobierno de Jalisco ( a través de un ente desconcentrado, el Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco-Fiprodefo) para producir planta, no de climas tropical sino templados, para apoyar algunos proyectos en áreas naturales protegidas. Es un modelo de responsabilidad social ambiental, no la compensación que debería hacer el sector, admite Josué Díaz Vázquez, actual director general de Protección y Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco.

Esto informó al respecto el CRT, apenas el pasado 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente: “…la agroindustria tequilera, a través del CRT, refuerza su compromiso con el cuidado del medio ambiente, teniendo entre sus acciones la aportación de recursos al Fiprodefo para la producción de plantas para actividades de reforestación. Este año 2025 están listas más de 40 mil 700 plantas para ser utilizadas en actividades de reforestación”.

Desde el año 2021 se detonó el proyecto; “el vivero donde se producen estas plantas se ubica en el municipio de Zapotlán el Grande; fue en el año 2022 que se obtuvo la primera producción, que en esa ocasión fueron utilizadas para reforestar el Área Natural Protegida del Bosque de la Primavera”, señaló

Eduardo Ibarra Arellano, responsable de Proyectos de Sustentabilidad en el CRT.

El apoyo “es parte de un esquema de cooperación institucional entre el CRT y el Gobierno del Estado de Jalisco, lo cual está coadyuvando a la sustentabilidad del sector tequilero. Desde el 2016 la agroindustria tequilera cuenta con su Estrategia de Sustentabilidad, teniendo siete ejes de acción, la descarbonización de la industria, el uso eficiente del agua, prácticas agrícolas sostenibles, Tequila cero deforestación, tratamiento de residuos, fortalecimiento de programas sociales y el desarrollo económico de la región” precisó.

Dadas las cifras reales del problema de deforestación ocasionado por la industria, la reforestación de las ANP son apenas un proyecto menor. La agroindustria, que ha crecido exponencialmente en tres décadas, es corresponsable al prosperar en un mercado mal regulado, y responsable directa en la medida en que también ha intervenido en la producción con tierras propias, rentadas no bajo esquemas de agricultura por contrato.

Además de la falta de intervención por la autoridad competente de sancionar el delito de deforestación, que incentiva la impunidad, existe un mercado negro de agave ilegal que suele sustituir, en algunos casos, pérdidas de planta controlada. Otra “fuga” es que el agave de deforestación es usado para bebidas que no regula el CRT, como el licor de agave. Son complejidades que deberán ser procesadas y resuletas si se quiere alcanzar en 2027 un “tequila cero deforestación”.

Reconocen proyecto de tequila sin vinazas

 
Por el proyecto “Validación a escala piloto de producción de tequila y otros productos para consumo humano y animal sin generación de vinazas”, el académico del ITESO, José Orozco recibió el galardón Manuel López Cotilla.
 
La asociación Jalisco Tecnológico (Jaltec) y ProMéxico entregaron a José Orozco el galardón, el cual “simboliza la dedicación a la calidad académica y profesional, así como el impacto transformador que los galardonados ejercen en su entorno”. José Orozco González Aréchiga, académico del Departamento de Procesos Tecnológicos e Industriales (DPTI) del ITESO, dijo que el proyecto para producir tequila sin generar vinazas ha contado con recursos del Fondo de Apoyo a la Investigación del ITESO y del programa De la Ciencia al Mercado, a cargo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Coecytjal). 
 
La no generación de vinazas se logró “realizando la primera destilación al vacío, reduciendo las temperaturas del proceso y evitando así que muchos elementos producto de la fermentación se quemaran, sin alterar el ordinario. Con esto, en lugar de vinazas se obtiene un fermento bajo en alcohol que es comestible y que puede ser usado como materia prima para producir bebidas, alimento para ganado y otras aplicaciones que aún se siguen explorando”.
 
En todo el proceso han trabajado con la tequilera Hacienda de Oro, de Amatitán, Jalisco. “Por el momento se han realizado pruebas en escala piloto y el producto obtenido con este nuevo proceso ha pasado todas las pruebas. Ahora lo que se busca es adaptar la maquinaria de la tequilera para poder trabajar al vacío en ella. El objetivo es que más empresas productoras de tequila conozcan e incorporen la destilación al vacío, para lo que también se busca trabajar con el Consejo Regulador del Tequila”.

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